Durante el siglo XIX la villa navarra de Artajona dio a la propiedad de tierras comunitarias una solución singular, que había de tener consecuencias importantes para el devenir de la villa y su vecindario.
La solución dada por los artajoneses a la cuestión de las corralizas es, que sepamos, única en Navarra, en nada parecida a ciertas asociaciones o comisiones que en algunos pueblos reivindicaron ocasionalmente tierras comunitarias o privadas, desde las desamortizaciones de la segunda mitad del siglo XIX
Antiguamente el territorio de la villa estaba dividido en porciones más o menos extensas, cuyas hierbas, aguas y otros provechos pertenecían al común de los vecinos o eran de aprovechamiento vecinal gestionados por el municipio.
Pertenecientes antiguamente al común de los vecinos, el Estado se apropió de ellas y las vendió en pública subasta. Fueron adquiridas por algunos vecinos asociados, no por el Ayuntamiento ni con la intención privatizadora. Los compradores las cedieron en favor de una Sociedad constituida en principio por los cuarenta mayores contribuyentes. Su propiedad no es del pueblo, pero sí sus provechos, porque la Sociedad propietaria las adquirió con el fin expreso de que beneficiaran a los vecinos.
El primer núcleo de socios terratenientes tuvo al principio una organización elemental, perfeccionada al ser constituida la Sociedad de Corralizas, con un presidente y una junta directiva encargada de las tareas administrativas y de marcar las pautas para la admisión de socios. Obligación exigida por todos los Reglamentos para serlo fue “renunciar en favor de la Sociedad a los pastos de sus heredades en que no haya planta viva”, para su goce por los ganaderos arrendadores de las corralizas.
La evolución de la organización societaria y de su aparato dirigente puede seguirse a través de los diferentes reglamentos, aprobados en 1907, 1913, 1950 y 1991. El núcleo organizativo primitivo de 1866 evolucionó hacia la primera Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona en 1913.
La formación del patrimonio territorial de la Sociedad de Corralizas artajonesa fue el resultado de un larguísimo y a veces penoso proceso, en el que pusieron su ilusión y tiempo muchos paisanos.
Partiendo del hecho de que gran parte de las tierras pertenecientes al común de los vecinos eran gestionadas por el Ayuntamiento, las primeras ventas estuvieron motivadas por el grave endeudamiento causado por las guerras con los franceses, realista y primera carlista. En plena guerra contra los franceses, el Ayuntamiento, con licencia del Real Consejo de Navarra vendió el 5 de agosto de 1812 a Manuel Jaurrieta y Antonio Babil de Iriarte, vecinos de la villa, la corraliza llamada Artaparrea, para disfrute de sus hierbas y aguas por 760 cabezas de ganado lanar, por la cantidad de 4.000 pesos.
Fue la primera vendida por el Ayuntamiento. En aquel 1812 corrían tiempos económicamente muy difíciles. Dentro del historial de las corralizas y comunales de Navarra, este espacio artajonés constituye un ejemplo de los trámites y dificultades que algunas corporaciones municipales tuvieron que sortear durante las guerras de la primera mitad del siglo XIX.
Como en todos los pueblos del reino de Navarra, las dificultades económicas iban creciendo a una con las exacciones, impuestos y requisas exigidas por los bandos contendientes. Llegaron momentos difíciles. En agosto de 1812, en plena guerra napoleónica, Ángel Ramón de Ros, alcalde de la villa, reunió en sesión a los regidores y Veintena, exponiéndoles la situación económica de la villa, que debían conocer muy bien: los apuros y dificultades de los vecinos para pagar contribuciones y gastos extraordinarios, e incluso para abona salarios a empleados, como los 15 ducados anuales que se debían al maestro de niños, y 10 a la maestra de niñas.
La villa debía a Manuel Jaurrieta y Antonio Babil de Iriarte, vecinos de Artajona, por dineros que éstos le habían adelantado, la suma de 95.642 reales vellón, cantidad que nuevas sumas prestadas iban haciendo crecer. Para poner remedio a tanta deuda, los reunidos el 5 de agosto acordaron tasar el terreno, las hierbas y aguas de la corraliza de Artaparrea, propia de los vecinos, agregarle alguna porción del común, y venderla. La venta a Jaurrieta e Iriarte fue hecha bajo ciertas condiciones: fueron enajenadas las hierbas y aguas, no la propiedad del suelo, que continuó siendo titularidad del pueblo. Podían gozar de sus hierbas y aguas con 750 cabezas, sin exceder de 760, de ganado lanar suyo o acogido, hasta que fueran reintegrados por el pueblo de los 4.000 pesos de la tasación, con la posibilidad de rescatarla durante los diez años siguientes. Pusieron también como condición que no les cargaran contribuciones ni tributos por el predio.
Transcurrido medio siglo de la venta de la corraliza de Artaparrea por el Ayuntamiento, Pascual Manuel Jaurrieta, sucesor de los primeros compradores, denunció que la corraliza no figuraba en las hojas catastrales de su casa, por haber acordado la Junta del Catastro no cargarles contribuciones, de acuerdo con la condición estipulada en el contrato de venta, y solicitó su inscripción (19 de octubre de 1863).
El 4 de diciembre de ese año, Pascual Jaurrieta Esparza, viudo de 76 años, y Manuel Jaurrieta Iriarte, soltero de 42 años, vecinos de la villa, procedieron a probar ante el juez de paz, aportando la documentación que tenían y pruebas testificales, la propiedad de “las yerbas y aguas de la corraliza titulada Artaparrea y su agregado del Común” que lindaba por el norte con carretera de Pamplona, al sur y oeste con camino de Tafalla, y al este con la villa.
Tenía una superficie de 800 robadas de común y 7.003 de propiedades, en conjunto 7.803 robadas (696 ha, 6 a, 52 ca). Las hierbas podían disfrutarse desde San Andrés (30 de noviembre) al 25 de marzo, tiempo en que podían entrar a pastar las caballerías de labor y a los vecinos se les permitía aprovecharse de la leña. En 1913 había un corral cubierto y descubierto, en esas fechas la corraliza estaba valorada en 42.560 pesetas.
Hicieron constar que en la corraliza había un terreno llamado La Acequia, que se veda todos los años del 25 de marzo al 20 de mayo, día en que las caballerías de labor entraban a disfrutar los pastos. Ambos propietarios eran dueños proindiviso de la corraliza, uno por ser heredero de su suegro Antonio Babil Iriarte Oficialdegui – muerto el 26 de noviembre de 1824 – y el segundo como heredero de su difunto abuelo Manuel Jaurrieta Baigorri – fallecido el 30 de octubre de 1852 -, de quienes no tenían títulos acreditativos de la propiedad.
Con el fin de poder inscribir la finca en el Registro de la Propiedad del Partido Judicial de Tafalla, los Jaurrieta presentaron escrituras y certificados y procedieron a las declaraciones testificales el 4 de diciembre del año 1863 ante el juez de paz Francisco Arregui. Comparecieron como testigos Ramón Mearin de 63 años, Antonio Domezáin, de 63 años, y Manuel Gurucharri de 61 años, los tres viudos y empadronados en Remaguga, Arizaldea y Lope Rey respectivamente. Confirmaron la verdad de las declaraciones y el juez autorizó la inscripción en el registro de la propiedad a favor de los Jaurrieta (12 de diciembre de 1863).
Cumplidos estos trámites e inscrita la finca en el Registro, al mes siguiente Manuel y Juan de Dios Jaurrieta Iriarte, hijos de Pascual Jaurrieta Esparza, de 77 años, vecinos de Artajona, vendieron a Juan Arroyo y Ruiz, vecino de Tafalla, las “yerbas y aguas” de la corraliza, por la suma de 64.000 reales vellón, repartida a partes iguales de a 32.000 reales entre los dos hermanos vendedores (Tafalla, a 4 de enero de 1864).
Aunque la Sociedad de Corralizas venía figurando con este nombre desde 1870 (constituida como una asociación de propietarios, una mancomunidad), no había llegado a constituirse como tal Sociedad ni como persona jurídica independiente. Se daba el caso anómalo de que, teniendo un capital considerable, formado por un patrimonio inmueble de tierras, edificios e instalaciones, cuando necesitó recurrir a créditos para pagar las corralizas compradas o para crea y ampliar sus industrias, se vio forzada a valerse de la responsabilidad personal solidaria de los socios, con manifiesto peligro para éstos por la cuantía de la deuda.
A esta anomalía, entorpecedora de la vida legal de la Sociedad de Corralizas, se añadía que solamente sus Juntas General y Directiva, estaban facultadas para enajenar sus bienes. Además, de un tiempo a esta parte, venía usándose la denominación Sociedad de Corralizas por la de Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona.
En febrero de 1913 se planteó la necesidad de sustituir legal y oficialmente la denominación Sociedad de Corralizas por la nueva en uso, para evitar los muchos y graves inconvenientes derivados del cambio de nombre. Entre estos estaba la titularidad no reconocida y, consecuentemente, la incapacidad legal de inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de la antigua Sociedad a nombre de la nueva, y de transmitir bienes. Como solución jurídicamente segura y eficaz fue propuesto vender los bienes de la Sociedad en pública subasta. La nueva Sociedad concurriría a ella y se quedaría con el patrimonio. La subasta fue anunciada para el 12 de abril sobre del tipo de 364.312,24 pesetas. Cada tanto en la puja de mejora sería de 1.000 pesetas.
Los socios fueron citados para el día, hora y lugar de la subasta, con el fin de dar su aprobación. Efectivamente, el 12 de abril de 1913 se reunieron en Junta General, Victorino García Enciso, presidente, los vocales de la directiva José Domezain Martínez, Adolfo Jaurrieta Echaveguren, Francisco Armendariz Lana, Braulio Janices Arana, Fermín Mearin Uriz, y los socios Ramón Ayestarán Arbeiza, Juan Berástegui Munárriz, Millán Ceboráin Azparren, Saturnino Cilveti Domezáin, Calixto Echeverría Cilveti, Juan Jaurrieta Lascarro, Agustín Jimeno Buzunáriz, Gregorio Jimeno Monteagudo, Vicente Leoz Ruvalcava, Benito Linzoain Zúñiga, Anastasio Oficialdegui Núñez, Eustasio Ripero Ochoa, Eduvigis Rodríguez Urbiola, Santiago Urdíroz Ganuza, Joviano Yábar Elizalde, Julián Yárnoz Núñez y Saturnino Zubicoa Madoz.
Los asistentes a la Junta de la comunidad de propietarios llamada Sociedad de Corralizas, como sucesores de los primitivos partícipes e individuos de las Junta General y Directiva actuales, se mostraron convencidos de que la situación a nadie aprovechaba y a todos perjudicaba, y que de los grandes intereses de la Sociedad exigían urgentemente regularizar su situación jurídica constituyendo una Sociedad civil legal, continuadora de la de propietarios las Corralizas, con los mismos fines e intereses, y transmitirle todos sus bienes, derechos y obligaciones, dándole un nombre más acorde con sus servicios.
Abierta la subasta, Victorino García Enciso, presidente de la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona, cubrió la postura en nombre de ésta. No hubo quien la mejorara.
Quedaba fundada legalmente la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona. La escritura pública de constitución, compra e inventario de bienes, hecha ante Guillermo Morilla Carreño, notario de la villa, fue firmada por 23 socios, quedando por hacerlo otros que, al firmar el acta, serían considerados socios como los que lo hicieron en el documento constitucional del 12 de abril de 1913.
La denominación completa y oficial de la entidad sería, en adelante, Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona, con domicilio en una sala cedida en la casa consistorial. Tendría por objeto explotar los terrenos, industrias y demás bienes poseídos actualmente y los que adquiriera en el futuro.
El artajonés Victorino García Enciso, a la sazón de 36 años (nacido en 1878) presidía una Junta General el 11 de diciembre de 1914, en la que fue debatido un problema de Robustiana Núñez, madre de la Jorja, alcanzando las discusiones tal virulencia que intervino el juez municipal, Federico Oficialdegui que procesó al presidente, al vocal Francisco Armendáriz y al administrador Luis Armendáriz, por desacato al juez municipal. Pocos días después los socios consideraron que la actitud de los procesados se había debido al deseo de defender el prestigio de la Sociedad, que a su parecer había sido conculcado por el funcionario. Puesto que era lógico que del proceso que se les sigue resultarían gastos, aunque no resultase ninguna culpabilidad contra los procesados, acordó la Junta que los gastos resultantes del proceso fueran abonados por cuenta de la Sociedad. En sesión de 28 de marzo de 1915 fue nombrado presidente Eduvigis Rodríguez por dimisión de Victorino García.
Es ya tópico afirmar que “en Artajona no se derramó sangre”, limitándose la represión a destierros y sanciones económicas. Lamentablemente no es cierto.
Antonio Zapatero Igea, el popular Piltra, riojano residente en Tafalla, fue traído para ser fusilado por forasteros en las tapias del cementerio de Artajona el 30 de agosto (1936). Fue auxiliado espiritualmente por don Rulfo Recalde, coadjutor de la parroquia, que nada puedo hacer para evitar su muerte.
Sufrió la misma trágica suerte un notable vecino cuya ejecución, ocultando el lugar de nacimiento y residencia, figura relacionada con la de Santiago Lucus Aramendía, sacerdote de Pitillas, y a pesar de ello no recogido en los listados de represaliados confeccionados hasta ahora en Navarra. Se trata de Victorino García Enciso, a quien hemos tenido ocasión de ver actuar como vecino, socio y presidente de la Sociedad de Corralizas en diferentes ocasiones. Era artajonés, nacido el 25 de febrero de 1878 y bautizado con los nombres de Victorino Félix. Fueron sus padres Emilio García y Álvarez, natural de Guadalajara, y Salvadora Enciso y Torre, natural de Munilla (Logroño). Inscribió la partida el juez municipal Juan de Dios Jaurrieta. Tenía 24 años cuando contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro con Ramos Jaurrieta Echaveguren, Actuaron el párroco Eugenio Mendioroz, los testigos José María Asurmendi y Silvano Ezcurra y el juez Juan Lascarro.
Fue fusilado con el sacerdote Santiago Lucus Aramendía en la cuesta de Erreniega, en término de Undiano, cerca de la fuente del Perdón, el 3 de septiembre de 1936.
